Esta es la primera entrega de NÓMADAS, un observatorio sobre la migración en España y en el mundo. Un ejercicio que se enfrenta a la dificultad del manejo de estadísticas fiables y periódicas. Aunque tanto Eurostat como los diferentes observatorios dependientes de Naciones Unidas manejan datos fiables, muy precisos y con una riqueza de análisis destacable, suelen llevar al menos un año de retraso. Los datos actuales, incluidos en este informe, son fundamentalmente los de 2023.
En el caso de España, las fuentes son el INE, el Ministerio del Interior y el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración. Cada uno de ellos aporta un aspecto de la migración, como es el caso de las llegadas en pateras, un dato que es aportado por el Ministerio del Interior con regularidad mensual.
Más complicado es el seguimiento de datos en las diferentes Comunidades Autónomas españolas. No existe una estructura común, y menos una periodicidad que permita indagar, por ejemplo, la forma en la que son atendidos los menores no acompañados, los conocidos como MENAS.
El Dashboard que quiero compartirles pretende sintetizar el estado actual de la migración en España. Algunas de las estadísticas explican parcialmente ciertas tensiones que empiezan a vivirse en la sociedad española. En todas las encuestas actuales, 2025, sean las encuestas del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), dependiente del Gobierno de España, o las de las diferentes Comunidades Autónomas, se observa una creciente preocupación de los españoles con la inmigración. Es una preocupación todavía imprecisa. No parece saberse si esa preocupación es debida a posibles problemas de seguridad, económicos, empleo, vivienda o, sencillamente, la consecuencia de la inadaptación social de la inmigración. Un hecho no necesariamente imputable a los que llegan a nuestro país en busca de mejores oportunidades para sus vidas.
Los primeros datos que se muestran son el desempleo, el riesgo de pobreza, la renta media disponible y la vivienda en propiedad, comparando españoles nacidos en España con población de fuera de nuestras fronteras. Los inmigrantes salen significativamente peor parados en estos cuatro conceptos. Sufren más paro, disponen de poco más de la mitad de la renta media de los españoles, más de un 50% de los inmigrantes están en riesgo de exclusión social (los españoles, con más de un 20%, somos de las economías europeas peor situadas en esta ratio) y muy pocos inmigrantes pueden permitirse vivir en un hogar en propiedad. El crecimiento de la inmigración puede concluirse, es una de las razones de la presión en la demanda de vivienda y alquiler, principalmente, sin que las diferentes administraciones estén encontrando la solución para ello.
Las enormes diferencias económicas entre migrantes y españoles pueden estar detrás de ciertos problemas de seguridad. No se disponen de datos precisos que permitan confirmarlo, pues, si bien el Ministerio del Interior publica datos de criminalidad, no los diferencia en función del origen de los criminales. También se intuye que la diferencia en el poder adquisitivo se debe al diferente destino laboral al que aspiran los españoles e inmigrantes. En una economía como la española, fuertemente basada en el sector servicios, los inmigrantes parece que están destinados a quedarse con las posiciones peor retribuidas de la escala laboral. Sectores como la agricultura, la restauración y los cuidados, por ejemplo, están siendo atendidos principalmente por trabajadores venidos del exterior. El riesgo de pobreza muestra, seguramente, las imperfecciones del mercado laboral español y la presión sobre los costes del sector servicios.
El siguiente dato preocupante es el de la migración irregular, principalmente la que nos llega por vía marítima. Las pateras cargadas de hombres y mujeres desesperados desde las costas africanas. Aunque en lo que llevamos de año se han moderado las llegadas, seguramente debido a las condiciones meteorológicas y el estado de la mar, el crecimiento que se viene observando es dramático. Por razones humanitarias, es obvio que un país democrático, una sociedad sana, debe de atenderles y acogerles. El problema del reparto entre las diferentes regiones españolas es, en ese sentido, poco edificante. Sin embargo, tanto para evitar el drama de la muerte en el viaje como por las dificultades de integración social y cultural, los gobiernos de España y de las CCAA deberán hacerle frente a un reto en el que la cizaña entre partidos no parece que sea la vía para su solución.
Junto a las llegadas en patera, el otro elemento de la migración que nos impacta periódicamente es el de los MENAS. Puede estimarse que en la actualidad hay en España unos quince mil menores no acompañados, la mayoría de ellos llegados en pateras. Su reparto por la geografía española aparece en las portadas de los diarios con frecuencia. Regiones como Cataluña, con la intención de quedarse con las competencias en inmigración para evitar más llegadas de inmigrantes, o Euskadi, alguno de cuyos líderes declaran sin complejos, como la extrema derecha europea más xenófoba, que quieren limitar la llegada de inmigrantes para evitar la “contaminación de la raza”, no son ejemplos prometedores ni sanos. El coste de la atención a MENAS es otro de los agujeros negros de la información pública disponible en este asunto. Si hacemos caso a los diferentes anuncios de coste por MENA que de vez en cuando hacen los gobiernos regionales españoles, llegaríamos a valoraciones muy diferentes. En cualquier caso, niveles de coste que, para un Estado que despilfarra en materias de utilidad pública muy dudosa, no deberían ser el problema, salvo que estos costes los soporten las CCAA que, en general, pueden ser menos alegres con el gasto. La única buena noticia es que la política de inclusión social de este grupo de migrantes parece funcionar, al menos si atendemos al dato del porcentaje de menores que dejan de ser tutelados y han encontrado trabajo, un 60 % en 2023 frente a un 21 % en 2021. A pesar de ello, se puede estimar que hay más de seis mil ex MENAS sin empleo y sin inclusión social repartidos por nuestras calles. Una razón posible para que aparezcan problemas de seguridad y convivencia.
Otro de los elementos a destacar en este primer análisis de la migración es el de las solicitudes de asilo. Dichas solicitudes se fundamentan en un convenio europeo, basado en declaraciones de Naciones Unidas, y que es plenamente aplicable en España. Los españoles no recibimos refugiados porque seamos más generosos que el resto de Europa. Lo hacemos en cumplimiento de obligaciones de socorro para casos en los que sea aplicable el refugio.
En la UE se recibieron, en 2023, más de un millón de solicitudes de asilo. Los “campeones” en la generosidad son, como parece razonable, los países de mayor PIB, es decir, los de mayor atractivo por su potencialidad económica y de mayor capacidad para atender los costes que generan los refugiados. Alemania es el país que más solicitudes recibe —ver en este número de MUTAURI el artículo “Alemania siempre cumple”—, casi el mismo número que España, Francia e Italia juntos y que, con Alemania, podríamos llamar el “club de los solidarios”. En el lado opuesto, encontramos a países, como Hungría, que apenas aceptan solicitudes de refugio.
Las solicitudes de refugio, por definición, tienen que basarse en razones que estén previstas en la declaración universal del refugiado. Casos de guerra, como Ucrania, persecución política, como Venezuela o por razones religiosas —los cristianos coptos perseguidos en países africanos— y de orientación sexual, como sucede con numerosos inmigrantes LGTBI de países musulmanes o Rusia, son algunos de los ejemplos que se aducen a la llegada a la UE y España. En la actualidad, destaca la llegada de sirios, palestinos y afganos, como consecuencia de los conflictos que se están viviendo en Oriente Medio.
En el caso español, destaca la imparable llegada de inmigrantes solicitando asilos procedentes de Venezuela, Colombia y, sobre todo, Marruecos, un hecho que demuestra, quizás, la existencia de regímenes nada favorables a los derechos humanos y democráticos con los que, sin embargo, el gobierno español mantiene lazos estrechos.
En próximos números analizaremos la migración en África, América Latina y también los Estados Unidos, algunos de las regiones en las que la migración constituye un verdadero problema.
