José Luis Castillo se ha convertido, sin proponérselo, en un héroe del feminismo mexicano. Es un asiduo en las manifestaciones que reclaman derechos para las mujeres. Rodeado de activistas que le jalean y le respetan, camina al frente de las demostraciones portando un cartel con la foto de su hija Esmeralda, desaparecida ya hace quince años, cuando tan solo tenía catorce.
La desaparición de mujeres, sobre todo niñas de entre catorce y dieciocho años, es un asunto molesto para todos los que ostenten la presidencia de México. En el período 2018-2024, el sexenio de López Obrador, se contabilizaron más de doce mil mujeres desaparecidas. Cada día hay once feminicidios y siete mujeres son secuestradas. La lacra se extiende por todo el amplio mapa del país, aunque los Estados del norte, los que hacen frontera con los Estados Unidos, son los que mayor número de casos registran. Lugares como Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua o Nuevo León son lugares recurrentes para historias como la de Esmeralda.
José Luis siempre se ha ganado la vida con trabajos modestos, de poca plata y mucho sacrificio. Era mayo de 2010, se acuerda porque en Ciudad Juárez, en el Estado de Chihuahua, llueve mucho esos meses y él, que trabajaba pintando las marcas en el pavimento de las calles, se había enfriado. El domingo descansó lo que pudo, pero la fiebre no le daba tregua. Su hija Esmeralda, cariñosa, una belleza dulce y muy estudiosa, le dijo que no se apurara. Quería estudiar veterinaria, muchos de sus amigos tenían perro y ella pensaba que se le daría bien atenderlos. Aunque andaba en tercero de secundaria, ya le gustaba trastear con jeringas y medicamentos. “Yo te cuidaré”, le dijo al padre. Se fue a una farmacia, de esas genéricas, que estaba justo en la esquina de su casa, y le compró un calmante inyectable. El lunes, su padre seguía encamado y ella se ofreció a quedarse junto a él para hacerle la comida y cuidarle. El martes, José Luis, todavía con bastante fiebre, la apuró para que volviese al colegio. “Váyase, yo sabré cuidarme”, le dijo.
Era la primera vez que Esmeralda iba sola al colegio. El barrio en el que vivía está muy cerca de la frontera, es de gente humilde, una barriada de casas sociales construidas sobre un terreno salitroso y estéril, con bandas de “chavitos” en cada esquina a cualquier hora del día y de la noche. A José Luis no le daba confianza y por eso la acompañaba cada mañana antes de irse al trabajo en su destartalada camioneta, para evitarle caminar ocho cuadras por la carretera 45, la que desemboca en el puesto fronterizo. Esmeralda también dudó, pero su padre le insistió. “Ándale, no te preocupes, ve un poco más tarde”, le dijo, confiando en que a las diez de la mañana no pasaría nada. “Total, serán un par de clases perdidas nomás”.
Esmeralda ya nunca volvería a su casa.
Así empezó el calvario de una familia cualquiera, una más de las miles que sufren la desaparición de una hija. Una vez que la evidencia se hizo innegable para José Luis y su mujer, el primer obstáculo con el que se toparían fueron las autoridades, el Ministerio Público, que debería haberles aceptado la denuncia por desaparición. Un Estado que contabiliza por miles las desaparecidas, mantiene una ley que obliga a que transcurran más de 72 horas desde la desaparición para que sea registrada. Por eso, cuenta José Luis en una entrevista, la mayoría de las desapariciones se dan los jueves. El fin de semana no trabajan ni la fiscalía, ni la policía para presentar denuncias, ni los juzgados para admitirlas. De ese modo, los secuestradores tienen hasta cinco días para hacer lo que se les antoje con las niñas.
La siguiente vivencia que les esperaba fue la culpabilización de las víctimas y de las familias. “Se habrá ido con algún novio”; “tal vez estaba embarazada y se marchó para que no la fregaran en casa”; “se iría por su propio pie”. En los pocos casos que llegan a investigarse plenamente, se ha comprobado que los captores difunden mensajes idénticos a los que la policía, los fiscales y los jueces emplean para dañar más todavía a los familiares, para añadirles la culpa al desconcierto y al dolor. Emplean para ello los propios móviles de las secuestradas, o las cuentas de sus redes sociales. Son mensajes que alimentan la esperanza de las familias, que reciben textos supuestamente enviados por sus hijas y que, casi siempre, han sido escritos por los secuestradores.
En el libro “La fosa del agua” —ármense de valor si se atreven a leerlo—, la periodista mexicana Lydiette Carrión hace una investigación pormenorizada, sin escatimar la crudeza y los detalles más escabrosos, de los centenares de desapariciones habidas en los alrededores del río Los Remedios, un canal que cruza el norte de la Ciudad de México. Habla de niñas, de adolescentes, “chavitas” que empiezan a tener sus primeros flirteos, sus primeros amores, que sueñan con la fiesta de los 15 años, que se comunican con sus amigas y amigos, por redes sociales, a espaldas de sus padres. Habla de la amoralidad y la “anomalía” de un país con más de treinta mil mujeres desaparecidas y de cuyas vidas y muertes, casi nadie se ocupa.
“Si no hay cuerpo, no hay caso”; “si no hay pruebas, nada pude hacerse”, les dicen a los padres desde los alambicados estamentos de las autoridades mexicanas. Lydiette, periodista joven, pero determinada a buscar la verdad desde el día en el que se topó con uno de los casos, hizo el trabajo que deberían hacer los servidores públicos. Con perseverancia, leyó informes, indagó y entrevistó sin descanso para seguirle la pista a los casos, partiendo de las lágrimas y los recuerdos de los familiares. “No hay manera de explicar lo que se sufre”, repite sin cesar José Luis; “una habitación vacía, un plato que ya no está en la mesa”.
El libro documenta las miserias del sistema mexicano, plagado de “policías que de día patrullan y de noche delinquen”, de gobernadores que no quieren que se hable de esa lacra, que pagan a periodistas para que camuflen las noticias y pongan en duda los datos porque les deja mal, de miles de funcionarios que “no quieren pisar callos”. Expedientes plagados de irregularidades, olvidos, ausentes de mínimo interés por practicar pruebas elementales, como el seguimiento de móviles o el análisis de restos de ADN. Una sucesión de errores y negligencias que no pueden resultar fruto de la casualidad. Pasan meses, años sin avances, mientras las familias se desesperan, castigadas a no tener paz. Hasta que a las autoridades no les queda más remedio que hacer algo cuando alguien descubre, por azar, restos óseos en algún camino, pies desmembrados en un basurero, cráneos flotando en un canal, bolsas llenas de cuerpos desmantelados entre el fango de un río. Un día de junio de 2013, por la insistencia de los vecinos, que llevaban viendo medio sumergido lo que era a todas luces el cuerpo de una mujer, mandaron dragar el río. En apenas cien metros dragados, encontraron restos de 60 cadáveres. Entonces, si son capaces de que los pocos datos apolillados en centenares de carpetas olvidadas concuerden, llaman a los familiares para que reconozcan los restos y hacerles sentir afortunados por poder espantar el duelo eterno. Por quitarse el muerto de en medio, mezclan piezas de distintos cadáveres, engañan con ensayos de ADN manipulados y apuran a los familiares para que de una vez acepten lo poco que les quieran entregar.
Una antropóloga mexicana, Marta Llanos, llama “crímenes de corporación” o de “segundo Estado” a los feminicidios en serie. Todo empieza con “bandas de chavos”, todavía niños, pero ya sin esperanza ni futuro. Pronto se forma la “hermandad de los adolescentes”, un espacio común al que muchos victimarios llegan convertidos en “el hombre de la casa”, con el padre habiendo abandonado a la familia a su suerte o emigrado a los Estados Unidos en busca de algo más de fortuna. Jóvenes que quieren ganar plata muy pronto. Llegan a la telaraña de las drogas, primero como consumidores, luego como sicarios. Las niñas son una parte esencial de esa evolución, las atraen para extender sus redes, para usarlas. En ese círculo perverso, las víctimas son un desecho, un precio a pagar para ser admitidos en un grupo mafioso. Cuanto más violentos y sádicos, más se hacen respetar. Más probabilidades tendrán de que se cumpla el dicho: “prefiero un año rey, que ciento güey”. Un entramado que resulta impensable que exista sin la participación, activa y pasiva, de todos los niveles de la estructura administrativa de México.
José Luis Castillo le relata a una periodista todos los estadios del sufrimiento de un padre. Es una extensa entrevista que circuló por redes sociales. Seguramente no sería interesante para las grandes cadenas de televisión. Tiene rasgos mexicanizados, piel muy oscura, quemada, el ceño fruncido por la eterna culpa de haberle insistido a su hija para que fuera al colegio. Una suave brisa mueve el cartel con la foto de Esmeralda en la que pide que no les olviden. Con sus manos agrietadas, se apresura a alisarla, rozando el rostro y el pelo de su hija como si todavía la tuviera a su lado. La reportera le insiste, indaga detalles, pregunta por las horas a las que no se debe salir. No lo hace por removerle los recuerdos a este héroe feminista, quizás solo sea un ritual para espantar sus propios de temores de convertirse, ella también, en una más en la interminable lista de desaparecidas.
