#45 Uagadugú

El nombre de la ciudad de origen me sonaba tan exótico que era imposible no echarle un vistazo, de vez en cuando, a los pasajeros que llegaban en el único vuelo semanal entre Uagadugú y Gran Canaria. En el departamento de operaciones me habían contado que ese vuelo era, con mucha diferencia, el que más rápido hacía la rotación, conocido en el argot aeroportuario como tiempo entre calzos. Apenas diez minutos. De media. Esa asombrosa maniobra encerraba una treta. El comandante de la aeronave evitaba, con sus prisas, que los rechazados que llevaba en el vuelo fueran embarcados de vuelta. A aquellos pioneros de la inmigración ilegal les esperaba una semana encerrados en las dependencias de la Policía Nacional en el aeropuerto.

Uagadugú es la capital de Burkina Faso, una antigua colonia francesa situada en pleno corazón del Sahel, un territorio por el que, durante siglos, miles de nómadas se viene desplazando en busca de agua y comida para el ganado sin importarles las fronteras artificiales creadas por las potencias coloniales en el continente africano. Ahora, ese mismo espacio es pasto de las mafias y grupos armados que trafican con la inmigración ilegal.

Era el año 1992. El aeropuerto de Gran Canaria —todavía hoy me concentro para no cometer el error de llamarle aeropuerto de Las Palmas, un anatema para las autoridades de la isla— se encontraba inmerso en una ampliación de su edificio terminal, de aquellas que llamábamos, por entonces al menos, “con bicho dentro”. Los escombros y el material de construcción se cruzaban a diario en el camino de los pasajeros, la mayoría de ellos turistas. La isla vivía y vive, en gran medida, del turismo. Pero también es un polo comercial y logístico relevante, no solo para el archipiélago canario, también para el cercano continente africano. Por eso, Gran Canaria contaba y cuenta con un notable número de conexiones con África.

Los controles de inmigración no se diferenciaban demasiado de los actuales. Pero las reglas eran otras. Y la afluencia de potenciales pasajeros rechazables era menor. En 1992, si los pasajeros no tenían “los papeles en regla”, eran devueltos a su lugar de origen en el primer vuelo disponible. Gracias a las triquiñuelas de la tripulación del único vuelo a Uagadugú, los rechazados tendrían que pasarse al menos una semana en las dependencias de la Policía Nacional en el aeropuerto. Sus instalaciones, diseñadas y dimensionadas con criterios de hacía más de veinte años, cuando a pocos inmigrantes se les ocurría que podían saltarse las reglas de inmigración en un aeropuerto para huir de la pobreza, no permitían darles un trato decente.

Las quejas llegaron hasta el Defensor del Pueblo. Varias entidades locales también se sumaron a las críticas. Desde el aeropuerto, desde el equipo que lo gestionaba a diario,  entendimos que la ampliación en marcha era una oportunidad para resolver, o paliar, aquella situación. Con un pequeño cambio en el proyecto, nada complicado, conseguimos espacio suficiente para construir el primer “centro de rechazados” en los aeropuertos españoles. Más tarde se construirían otros, en aeropuertos canarios, principalmente.

Transcurrían los primeros años de la recién creada Aena. Una entidad 100% del Estado —en realidad era un Ente Público, todavía lejos de la transformación societaria que viviría años más tarde—. Pese a ello, en mi recuerdo tengo grabado el alto nivel de autonomía y capacidad de decisión que teníamos los directores de aeropuertos. Como tal, supe del trámite en el Defensor del Pueblo, pude analizarlo con la Delegación del Gobierno, compartí y di explicaciones a las autoridades locales, como el Cabildo o el propio Gobierno de Canarias, y conseguí las autorizaciones para hacer los cambios en el proyecto que necesitaba el problema. La confrontación política, que, mucho me temo, siempre existirá, fue mínima. Todos arrimamos el hombro para atender la prioridad común: conseguirles un trato humano a los que migrantes, preservar la imagen del aeropuerto y la isla y procurarles a los usuarios un servicio de primer nivel de primer nivel para que el turismo y la economía de la isla siguieran creciendo.

Traigo este relato a cuento del “problema” que se vive estos días, desde hace bastante tiempo, según cuentan las crónicas, creado por personas sin hogar que se han instalado en las terminales del aeropuerto de Barajas. Centenares de sin techo, atraídos por las comodidades de todo aeropuerto moderno, hacen de las dependencias aeroportuarias su lugar de residencia. Los medios describen la situación como un nuevo ejercicio de confrontación política entre administraciones. Sin que nadie parezca tener presente cuál es el objetivo principal que todos deben de compartir.

A diferencia con aquellos años calmados, en los que parecía que todas las administraciones compartían unos objetivos claros, ahora parece que la gresca es la única alternativa al “problema”. Cuando una entidad como Aena, privatizada desde hace ya unos cuantos años —con excelentes resultados, por cierto—, en la que el accionista mayoritario es el Estado, anuncia que va a acudir a los tribunales para que el Ayuntamiento de Madrid cumpla con sus obligaciones de atención social a los sin techo, resulta evidente que todos, en su conjunto, desprecian a los protagonistas del “problema” para aprovecharse de una nueva excusa con la que perpetuarse en el estilo que preside la vida pública española.

El “problema” requiere, sin duda, de varios enfoques. Por un lado, competencialmente es necesaria la participación del Ayuntamiento. Suya es la obligación de prestar servicios sociales en Madrid, también a los desamparados que se esconden en la zona pública del principal aeropuerto español. Sin que sea necesario entrar en la telaraña legislativa y reglamentaria que, seguro que existe, podríamos comprender el debate con ejemplos más sencillos. Imaginemos, por ejemplo, que un sin hogar se encierra en una sucursal bancaria, o en el hall de unas grandes oficinas. Las empresas afectadas llamarán al Ayuntamiento de Madrid para que saquen al desamparado de sus dependencias. Esa lógica puede que sea la que estará aplicando Aena para resistirse a colaborar en la solución. “Miren, señores del Ayuntamiento”, dirán, “vengan a sacarme de encima a toda esa legión de desarrapados”.

Puede que, en conjunto, también sea motivo de preocupación el efecto llamada. Si Aena y el Ayuntamiento buscan, de manera conjunta, una solución humanitaria en dependencias aeroportuarias, por seguir con la similitud del ejemplo de los rechazados de Uagadugú, los centenares que hoy malviven tirados por las terminales podrían convertirse en miles. Y ese efecto llamada no es el único aspecto a considerar. Por ejemplo, tendría que acordarse quién clasifica como sin hogar a esos ciudadanos, quizás, el factor que hace necesaria la intervención del Ayuntamiento por ser suya la responsabilidad de atención a estos colectivos. ¿Quién los contabiliza e identifica, con qué medios? Y, llegado el caso de su traslado a dependencias municipales, ¿quién los expulsa y traslada? Con toda seguridad, un proceso nada amable. Tampoco sería descartable que, en ese complejo magma de personas desfavorecidas que se refugian en Barajas se mezclen casos competencialmente menos claros, como, por ejemplo, inmigrantes ilegales que se salen, bien por voluntad, bien por haber sido ya rechazados, del programa de asistencia al refugiado que tiene desplegado el Gobierno en el mismo aeropuerto.

El más simple sentido común nos diría que sin la colaboración de ambas administraciones, la central y la local, el “problema” no se resolverá. Irá a mayores. Sin que ninguno de los actores implicados pueda sentirse especialmente orgulloso de ello: la imagen del aeropuerto y los perjuicios a los usuarios y trabajadores crecerá, el destino Madrid se expondrá a quedar  manchado y, además, las condiciones de vida de los afectados progresarán hasta niveles no tolerables de deterioro. Por todo ello, no suena razonable que lo único que salga de los despachos de Aena para atajar el problema sea el anuncio de un pleito contra el Ayuntamiento.

Quizás, la solución sería más sencilla si los gestores del día a día en Aena y en el Ayuntamiento fueran los que la liderasen. Estoy convencido de que en ambas administraciones hay profesionales excelentes que se pondrían de acuerdo fácilmente. Cuatrocientas o quinientas personas no parece que sean un problema presupuestario insalvable para ninguno de los actores involucrados.

No resulta descartable que lo que llamamos “problema” no sea, en realidad, otra cosa: un nuevo ejemplo de secuestro de los asuntos sencillos por las élites políticas para convertirlos en problemas eternos.