La historia de la España reciente puede contarse de muchas formas. La revisión de las estadísticas de incendios forestales desde los años 60 hasta el 2025 es un método poco común, pero razonablemente preciso. No es difícil imaginarse a los funcionarios del difunto ICONA, el Instituto para la Conservación de la Naturaleza, que se encargó de la materia para todo el mapa patrio hasta 1993, delineando con precisión de tiralíneas y tinta china los gráficos de las estadísticas nacionales, en blanco y negro, por supuesto; o recontando las especies vegetales arrasadas en cada incendio, preocupados por diseñar medidas de prevención para que el ministro de turno no les pusiera en la lista negra. Podríamos hasta oler el desconcierto que reinaría en esa institución con el avance de la democracia, los cambios de ministros, de terminología y de formato de los informes. Con la llegada del color, aparecieron las autonomías. Y, más tarde, la cogobernanza. Mientras todo eso sucedía, el fuego ha arrasado 9 millones de hectáreas desde 1961 hasta este tórrido agosto de 2025.
Hay titulares de ese repaso histórico que son bastante predecibles, a la vez que asombrosos. Año tras año, los fuegos se ceban principalmente con el noroeste peninsular. La región con mayor número de hectáreas quemadas es casi siempre Galicia, hasta el punto de que uno no se explica cómo todavía hay pastos y bosques en las tierras de Pardo Bazán. Otra particularidad, invariable, es que el mayor porcentaje de incendios se da en terrenos privados. La sombra de la especulación y el cambio de castaños centenarios por eucaliptus aparecen como un nubarrón tan negro como el humo que cada año cubre el cielo gallego.
Para los amantes de la cogobernanza, un titular poco halagüeño para sus fines es el de que el fuego no sabe de límites provinciales, ni autonómicos. Ni de países. Muchos de los incendios que empiezan en Portugal pasan a nuestro territorio. Y viceversa. Ni la lluvia ni el viento se detienen ante una comunidad, por muchos derechos históricos que ponga como escudo. Quizás por ello, las cosas del fuego en los años 60 parecían razonablemente controladas. Era muy raro que un fuego durase más de 24 horas: en menos de una hora alguien había llegado a apagarlo y, pese a los pocos medios que en la época existían, se las ingeniaban para terminar con las llamas en un tiempo razonable. Y año tras año, el funcionario del ICONA se molestaba en proponer medidas precisas y concretas para que el año siguiente las cosas fueran un poco mejor.
La impresión que trasladan esos informes, tan amarillentos como la pila de años que han estado en estanterías perdidas de algún ministerio, es la de que existía una organización bien dimensionada, con vigilantes, guardas forestales y cuadrillas dispuestas en cada zona de riesgo. Con tareas de prevención definidas y concretas para preparar las masas forestales para el riesgo de incendio. Y en el campo, además, había gente, mucha gente, la mayoría de ellos activamente implicados en la prevención. Gentes que se han marchado de los pueblos hasta conformar eso que denominamos la España vaciada gracias a políticas agrarias que, a pesar de su segundo pilar —el desarrollo rural— lo único que han conseguido es el subdesarrollo rural.
Tal vez por ello, los incendios intencionados eran los menos frecuentes. El período democrático, con la profusión de entes, agencias, ministerios de nombre creativo y descentralizaciones, no queda muy bien si nos fijamos en cómo los incendios intencionados han crecido hasta cerca del 70 % en todo el territorio, el 80 % en Galicia. La negligencia, el cáncer para la masa forestal en los tiempos oscuros preconstitucionales, también crece en estos tiempos de responsables diversos, haciendo que la sospecha de falta de vigilancia, a pesar de la elefantiásica administración de la que nos hemos dotado, arrase más montes y pueblos que la incompetencia de los responsables. Que no parece ser poca.
Los incendios se multiplican, en número y en hectáreas quemadas, un hecho que algunos ligan al fenómeno del cambio climático. Para ellos, el calentamiento global es la causa de que tengamos más incendios ahora que antes. Y que arrasen más campos y parajes naturales. Lamentablemente, para estos pensadores y gobernantes, las estadísticas desmienten que esa sea la correlación dominante. Este año 2025, salvo que en los meses que restan los incendios vuelvan a desmelenarse, podremos igualar el récord de número de hectáreas calcinadas, que data de 1985, o tal vez nos quedemos en el segundo puesto, que ostenta 1978, el año del cambio constitucional.
El calentamiento de la tierra es incuestionable. Para diferentes fuentes, el incremento de la temperatura media del planeta es de unos dos grados centígrados desde 1860, un diferencial que puede parecernos pequeño, pero que seguramente sea uno de los responsables de la intensidad y frecuencia de fenómenos meteorológicos devastadores. Sin embargo, resulta sorprendente que las mismas fuentes muestren una caída de la temperatura media desde la década de los años 30 hasta mediados de los 80 del siglo pasado. Y, mire usted por donde, en ese período en España crecían los incendios y se arrasaban más hectáreas. Para los amantes de la excusa universal del cambio climático no parecen buenas noticias. De hecho, con una modelización algo simple, es posible demostrar que en modo alguno existe correlación entre el incremento de la temperatura y la masacre arbórea a la que hemos asistido este verano.
En 2025 se van a quemar más de 400 mil hectáreas. Con la misma certeza, resulta evidente que se trata de un valor inusual: en 2024 se quemaron unas 85 mil. Y el globo terráqueo ya estaba tan recalentado como en 2025. Las gráficas que acompañan a este texto son una demostración de que la excusa del cambio climático es como la del estrés para los médicos inseguros, un comodín para elaborar el relato por políticos que usan los desastres naturales como otra arma más de su lucha contra el enemigo, que no es el fuego: son sus adversarios políticos.
Los grises y quizás injustamente denostados técnicos del ICONA nos enseñan en sus informes el camino para la comprensión. Dedicaban un amplio capítulo a analizar el comportamiento del clima en cada zona, cada provincia y en cada comarca que se vio afectada por un incendio. Si llueve en primavera y luego hace mucho calor y se secan los pastos, el riesgo de incendio sube. No hay que ser Stephen Hopkins para llegar a esa conclusión. Si el verano ha sido suave y poco ventoso, el riesgo disminuye. La meteorología micro, en lugar de la macro del cambio climático, es un factor evidente para la comprensión del fuego eterno que nos asola. Pero lo que resulta indispensable en cualquiera de los escenarios climáticos que puedan darse, si se desea que el fuego no nos devore, es la prevención, la vigilancia y el fomento del empleo rural para que los pueblos vuelvan a disponer de ciudadanos alertas para cuidar de sus montes. Es decir, se precisa de una política global. En vez de un pacto de Estado, quizás habría que hablar de un pacto entre Estados. Portugal y España tienen unas fronteras que el fuego ignora. La cogobernanza no parece que sea una solución: más bien parece uno de los argumentos del desastre veraniego pasado.
Mientras escribo este artículo, me viene a la memoria un proyecto fallido en el que estuve involucrado. Se llamaba “Alerta temprana de incendios”. Consistía en desplegar una red de drones con capacidad de tres toneladas, llenos de agua y agente de extinción, que atacarían un foco de fuego en sus primeros momentos mediante un sistema que proporcionaba imágenes térmicas del suelo. Con la IA, los cálculos hoy parecerían más sencillos. Al proyecto se apuntaron una universidad de Barcelona y un fabricante español de drones con semejante capacidad. Quizás no supimos moverlo bien, pero el desinterés generalizado de las administraciones a las que se lo llevamos nos hizo dejarlo en el cajón. Alguien que conoce bien cómo se dotan de medios las diferentes administraciones —disculpen que mantenga la confidencialidad de las fuentes— me dijo entonces algo concluyente para abandonar la idea: A nadie le interesa que los fuegos desaparezcan.
Con cierta desesperanza, me doy cuenta de que algo de cierto tiene la frase lapidaria de mi conocido. Hay tecnología para enviar un dron mortal a miles de kilómetros para matar a unos enemigos determinados y no somos capaces de activar drones llenos de líquido —la literatura especializada muestra la existencia de modelos con capacidad de más de 5 toneladas— de extinción que pueden trabajar de noche (los medios aéreos usados hoy en día solo pueden trabajar con luz diurna). Podemos leer la marca de la camisa de un objetivo militar y no somos capaces de ver un punto caliente que es el comienzo de un fuego.
Confieso mi asombro. La historia de nuestro país nos ha llevado hasta un mapa de la Administración lleno de funciones novedosas, modernas, plenas de transiciones, ecológicas y de nuevas tecnologías, decenas de entes —nos amenazan con la creación de uno nuevo para combatir el cambio climático—, agencias, departamentos, observatorios, departamentos. Cientos y cientos de asesores. Todo ello para que, por ejemplo, las frecuencias con las que se comunican los bomberos de las diferentes CCAA sean entre sí diferentes.
Quizás el ente que nos anuncian como vía de salvación copie algunos de los informes y modelos de un organismo que se llamaba ICONA. El nuevo ente tendrá mucho color. Eso es seguro.
